Seguridad jurídica para proteger la inversión en el país

Diálogo con las cortes, reforma a las regalías y reglamentación de las consultas previas, propuestas para aumentar inversión extranjera

Expertos del sector minero nacional debatieron sobre cuáles son las alternativas que existen para concertar decisiones que generen confianza en los inversionistas extranjeros que se han declarado en alerta por la inestabilidad jurídica.

La investigadora Asociada a Fedesarrollo, Astrid Martínez, dijo en el Congreso Nacional de Minería que los proyectos de inversión en minería e hidrocarburos están enfrentando dificultades por la debilidad institucional y por la inestabilidad de las reglas que los regulan.

La invitada al foro minero citó el estudio de Fedesarrollo “Costo económico de la inestabilidad y debilidad institucional de la gestión socio-ambiental de los proyectos de inversión en los sectores de minería energía e infraestructura en Colombia” del que ella hizo parte.

“Las dos debilidades centrales de los procesos de licenciamiento ambiental y consulta previa encontradas son: las capacidades institucionales en el sector ambiental no son proporcionales al tamaño y tipo de proyecto; están sujetas a interpretaciones cambiantes dentro de la ANLA, y las capacidades de las CAR son heterogéneas; no se cuenta con una Ley Orgánica que enmarque las consultas previas y estas no están adecuadamente reglamentadas por el Ministerio del Interior; el destino de un proyecto de posible interés general se define por la negociación entre comunidades pequeñas (en ocasiones de decenas de habitantes) y un agente privado; las Altas Cortes generan con frecuencia derechos explícitos adicionales a las comunidades dentro de un espíritu de compensación histórica, sin un balance con el interés general y debilitan las instituciones cuyas decisiones cuestionan”, explicó la experta.

Añadió la investigadora Martínez que, “las consultas previas no están adecuadamente reglamentadas por el Ministerio del Interior; el proceso de consulta previa se convierte en la práctica en una puja redistributiva entre comunidades pequeñas y una empresa, cuyos retrasos tienen impactos sobre el resto de la población”. Apuntó que las consultas populares requieren un desarrollo normativo que aclare las competencias de los diferentes niveles del gobierno.

Durante la intervención, la conferencista reveló el ejercicio de cómo sería el impacto en Colombia si se aumenta en un 15% la producción del sector de Minas y Energía.

“Incrementar en 15% la producción del sector de Minas y Energía en Colombia generaría un aumento de los ingresos fiscales en cerca de 0,4% del PIB, donde cerca del 70% del recaudo adicional es aportado por el impuesto de renta a las empresas petroleras y los dividendos de Ecopetrol, 10% por las empresas carboníferas, y cerca del 2% por los proyectos de extracción de oro”.

Un panel de expertos reflexionó sobre el costo, para el sector minero, de la inestabilidad normativa estos son algunos de los aportes:

Gloria María Borrero Restrepo, Directora Corporación Excelencia en la Justicia

“Después de haber hecho ese estudio para el sector, recomiendo se incorporen en sus políticas y en las defensas del sector, los argumentos constitucionales. Creo que la propiedad privada es absolutamente compatible con el medio ambiente, la participación ciudadana y creo que podemos ir cerrando esos espacios a la polarización”.

Nicolás Palau, Director de Inversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

“Definitivamente hay una oportunidad importante de política pública para trabajar la simultaneidad de los distintos procesos, permisos y trámites que se requieren para una explotación minera, no siempre es fácil, pero esto también pasa por una racionalización y por una eficiencia de los distintos trámites que se requieren. Uno de los grandes problemas, no siempre es la contradicción o control que puede haber entre los unos y los otros, sino la diferencia de tiempos que hay entre ellos, si uno se demora un mes y el otro tres años, ahí vamos a tener siempre una dificultad. Los tiempos de partida no van a ser iguales, dentro de un periodo de tiempo razonable, son una recomendación que debería tenerse en cuenta para el mejoramiento de las perspectivas jurídicas del sector”.

Patricia Arrázola Bustillo, socia Gómez – Pinzón Abogados

“Sugiero hacer realmente un censo de las comunidades étnicas dentro de toda la regulación de la consulta previa. También pensaría en la regulación del POT, en el tema de tierra tenemos que ponernos al día, para de esa forma saber dónde se puede  y cómo se debe hacer la minería”.

Lombardo Paredes, CEO Gran Colombia Gold

“Todos estos procesos necesitan un gran facilitador, alguien que los mueva y que los empuje y por consiguiente es el gobierno quien tiene que hacerlo y de acuerdo con la sociedad civil, pero es el gobierno el gran facilitador que tiene que crear las condiciones para que los otros entes actúen, llegó el momento en el cual es fundamental la decisión que se va a tomar sobre quién va a ser el próximo presidente.